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Sobre la tragedia de Guadalajara hemos olvidado todo, hasta que puede volver a ocurrir

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Lo que ocurrió la mañana de aquel 22 de abril de 1992 parece haberse borrado de la memoria de millones de mexicanos, pero sobre todo de aquellos que hoy dirigen a los gobiernos municipales, estatales y federal en México.

Eran las 10:09 horas en el sector Reforma de Guadalajara, Jalisco, en ese entonces la segunda ciudad más grande e importante de México cuando una fuerte explosión causó conmoción, pánico y dolor en cientos de familias.

Luego vinieron al menos otras 10 detonaciones y humo que salía de todas partes, ruidos de vidrios rompiéndose, gritos de dolor y desesperación, voces clamando ayuda y sonidos de sirenas que ululaban a lo lejos.

Más de 13 kilómetros de calles quedaron destruidos y en un radio de 20 manzanas había vehículos encima de las casas y una enorme zanja en donde hacía unos minutos transitaban cientos de vehículos.

El saldo de esa tragedia fue de más de 400 muertes, mil 800 heridos y la desaparición de un número indeterminado de personas, según cifras oficiales.

El peritaje de los bomberos y especialistas en la materia fue determinante: acumulación de gases derivados de hidrocarburos, combinados con los que emanan de los deshechos orgánicos del drenaje y una fuente de calor produjeron aquella detonación que tuvo después una reacción en cadena.

Fue Luis Donaldo Colosio, entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) quien responsabilizó del desastre a la fábrica de aceite “La Central”, a pesar de que todas las evidencias apuntaban a que Pemex había estado vaciando gasolina a los ductos de drenaje.

El Gobierno de Carlos Salinas de Gortari trató, a toda costa, de ocultar las evidencias que inculparan a Pemex e incluso bloqueó el trabajo de la comisión investigadora de diputados federales, integrada por 18 legisladores: nueve del PRI, tres del PRD, dos del PAN, dos del PFCRN, uno de PARM y uno del PPS.

Las víctimas, los daños colaterales, las investigaciones y las causas de la tragedia han sido olvidadas 27 años después.

El problema es que, en diferentes magnitudes, situaciones como las que se registraron en Guadalajara antes de aquella terrible explosión, se replican en diferentes ciudades del país ante la mirada pasiva de autoridades y ciudadanos.

A pesar de que la ley obliga a los Gobiernos estatales y municipales a inspeccionar, prevenir, evaluar y controlar todas aquellas situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas y sus bienes materiales, poco se trabaja en materia de Protección Civil.

En el caso de La Piedad, las tareas de atención a emergencias siguen siendo realizadas por parte de personal voluntario y aunque se otorgan algunos “apoyos” para paramédicos y bomberos, estos son insuficientes. Lo que el municipio les entrega ni siquiera llega a considerarse como un salario.

El reglamento de Protección Civil se utiliza a conveniencia del gobierno municipal en turno y permite que todas las empresas y negocios de la localidad arrojen solventes, hidrocarburos, grasas animales y otro tipo de materiales peligrosos a los ya obsoletos sistemas de drenaje.

El sistema de drenaje de La Piedad recibe diariamente, además de toneladas de desechos orgánicos que se convierten en gases volátiles, los solventes que vierten las empresas y pequeños negocios manufactureros de zapatos, uniformes y balones, así como de los del ramo textil; lo mismo hacen talleres mecánicos y de laminación de pintura, que también arrojan grasas, aceites y combustibles; los laboratorios de análisis clínicos, las empresas farmacéuticas y hasta hospitales vierten sustancias de todo tipo al desagüe.

En los últimos años, el Gobierno municipal de La Piedad ha autorizado la instalación de plantas de carburación de gas licuado de petróleo en colonias populares y en zonas consideradas de riesgo.

El riesgo ahí está, evitarlo es tarea de todos.