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Guardia Nacional: ¿Qué esperamos?

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J. Luis Seefoó Luján

Durante poco más de 12  años, el Revolucionario Institucional y Acción Nacional apoyaron la participación  directa del ejército en   funciones que le corresponden a la policía. En 2006 Felipe Calderón  decidió vastos operativos del ejército y la marina, empezando en Michoacán; Peña Nieto continuó –en lo sustancial- el mismo esquema. Entonces, como ahora se justifica la medida por la incapacidad de las policías (insuficiente equipo, falta de capacitación) y por estar coludidas con el narco)

En esos años y con más devoción en el sexenio de Peña Nieto, distinguidos perredistas –como el ahora gobernador Silvano Aureoles Conejo- aplaudieron la medida casi sin reservas. Luego, cuando se presentaron las iniciativas de Ley de Seguridad Interior que otorgaban amplias (excesivas) facultades a los militares, también PRI, PAN y la dirección del PRD estuvieron de acuerdo bajo el argumento de que aún las policías no estaban capacitadas y era necesario legalizar lo que en los hechos hacían soldados y marinos.

Paralelamente, MORENA y fracciones del PRD criticaban la “militarización” de las políticas de seguridad. Hoy, el partido de López Obrador impulsa reformas, adiciones y derogaciones a la constitución en materia de Guardia Nacional que será formada por militares, marinos, policías y nuevos integrantes. La razón básica de los promotores es la imposibilidad de depurar las policías y la urgencia de contar con un cuerpo nacional altamente capacitado y dirigido por autoridades civiles.

La iniciativa fue aprobada por 362 diputados con 119 en contra y 4 abstenciones (entre éstas Tatiana Clouthier), luego turnada a la cámara de senadores.

¿Cuáles son los alcances y límites de la guardia nacional? ¿su creación es anticonstitucional? Aplicarla a las tareas de seguridad interior, ¿militariza al país? ¿No hay otras opciones? En los más de seis años que seguridad estatal coordina y mandata a las policías michoacanas, ¿Cómo, cuánto se ha avanzado en la capacitación policial?

De ello hablaremos el día 6 de febrero a las 10:00 horas en el salón “A” de usos múltiples de El Colegio de Michoacán. El centro del diálogo son las “Propuestas de modificaciones” aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados el 16 de enero de 2019 (anexo III BIS 3, Gaceta Parlamentaria núm. 5198-III, año XXII).

Esta mesa de diálogo será muy provechosa si cuenta con la voz de estudiosos del derecho (constitucional), de las cámaras, de la Comisión de Derechos Humanos, las direcciones municipales de los partidos políticos, ONGs interesadas en la seguridad y pacificación del país; en suma, importa lo que sabe y siente  toda persona que le importe la vida propia y ajena, ahora y mañana.

Homicidios, no sólo por narcotráfico

No se ocupa pensarle mucho. Pese a que generalmente hacemos énfasis en la conexión narcotráfico-violencia, no todas los homicidios y lesiones dolosas son causadas o influidas por las drogas, aunque sus nexos causales sean muy próximos. Esta aseveración resbala hacia una contradicción que quiero matizar: los asesinatos en Zamora-Jacona están relacionados con el narco, extorsiones, secuestros, asaltos, cobros de piso y conflictos personales y no pocas veces son ejecutadas por la misma empresa.

Me parece que en los homicidios sigue siendo significativa la secuencia inducción – endeudamiento – muerte. La inducción (1) casi gratuita con porciones sutiles de mariguana y/o cristal a la manera de los promocionales de jamón o queso que se obsequian en los centros comerciales; compra-venta (2) de drogas (una vez que el promocional se ha consolidado formando un cliente);endeudamiento (3)  debido a los bajos ingresos y creciente consumo;contratación (4) para la venta o para atender algún eslabón de la cadena comercial; mayor endeudamiento (5) por consumo de la mercancía sin pago oportuno y suficiente; y desenlace fatal de la muerte (6) como una medida previsoria de tipo  mercantil para evitar el endeudamiento de un número muy grande de consumidores – vendedores. Estas empresas reducen al mínimo las cifras rojas de su buró de crédito.

Otro componente de esta competencia comercial son los ajustes de cuentas por no respetar áreas de mercado, precios, presentaciones, primas, bonos; por competencia desleal o no aceptar intercambios excesivamente desiguales.

¿Es la misma organización quien lleva a cabo los “arreglos mercantiles, extorsiona, asalta, secuestra y ejerce funciones tipo sistema de administración tributaria (SAT)? Es probable que estas empresas de la muerte hayan diversificado su giro y dependiendo de la relación costo – beneficio, de los costos de oportunidad y la temporada, optan por aumentar las ventas de drogas o incursionar en otros ramos de la delincuencia.

Uno de esos giros es la extorsión, el acto de  “obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo” (wiki extorsión). Esta actividad que a veces se desarrolla desde las cárceles es favorecida porque los mismos potenciales afectados proporcionan información útil en el Facebook. Al consumidor le gusto mucho compartir información personal, en ocasiones privada, casi íntima.

Otra manera menos elaborada de delinquir  es despojar a alguien de su dinero, de una joya, celular o de la bolsa del “mandado” a la salida del super.

Y, ustedes, ¿qué hacen?

Pensar en la gran diversificación delincuencial cuestiona de inmediato el lema: “todos somos responsables” y la pregunta cómoda de la autoridad: “¿Qué hacen ustedes para evitar la violencia?

Los gobiernos que han usufructuado el erario público (PRI, PAN, PRD) suelen transferir la responsabilidad a los padres de familia, a los colonos, a la gente, por no educar a sus hijos. Tal posición permea a todas las administraciones -incluyendo gobiernos de MORENA- porque la idea es contagiosa y es útil como una justificación. Frente a esto, creo que sin estar totalmente sesgados, lo que hacen es “resbalar” una atribución que les es sustancialmente propia.

El Estado representado a nivel local por el gobierno municipal (su alcalde, cabildo, funcionarios); en el plano estatal por el gobernador, su secretario de seguridad; y en el ámbito nacional, por el presidente y su equipo. De abajo hacia arriba, Martín, Silvano y López Obrador, personifican el ejercicio de la violencia legal. De arriba para abajo, la armada, la policía federal y municipal, ejercen la violencia hecha gobierno.

No diría tajante: “los padres no tenemos ninguna responsabilidad”. No, desde luego que es nuestro deber educar a los hijos en valores elementales como el respeto a las personas, a la vida, al honor. Es entendible que si logramos una sólida formación humanista de los nuevos ciudadanos, no tendríamos narcos, sicarios, secuestradores. Tampoco habría políticos corruptos ni huachicoleros.

Sí, la educación, la iglesia y familia han fallado. Mas eso no exime al gobierno -representando al Estado- de cumplir con garantizar la seguridad de las personas y sus bienes.

Más policías, más operativos no impactan en forma contundente en la  baja de los homicidios. Empero habrá que reconocer un descenso, aunque leve de 1.06 homicidios cada día en el periodo septiembre a diciembre de 2018, ahora en enero apunta a una disminución: 0.87.

En enero, al corte  de las 13:00 horas del día 24, se registran 37 víctimas en total de los cuales derivaron en  21 homicidios y 16 heridos. Algunas tendencias se mantienen: es una violencia masculina (31 hombres, 83.78%), usa arma de fuego (31/ 36 = 83.78%). Notamos cambios ligeros en eficiencia (21/37 = 56.75%) y un aporte de Jacona porcentualmente bajo: 27.02 % del total de víctimas.

La sostenida violencia en la conurbación Zamora-Jacona, a pesar de la acción policial de todas las corporaciones robustece la duda: ¿más policías, menos violencia?

¿Hace falta una guardia nacional compuesta por elementos jóvenes de las fuerzas armadas y jóvenes con un mayor nivel de escolaridad, mejor avituallados y capacitados?