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EL ESTADO DEBE GARANTIZAR DERECHOS DE MENORES: ADRIANA HERNÁNDEZ

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Para establecer las obligaciones que deberán cumplir quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes; además de garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; es necesario armonizar la Ley de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán con la Ley General.

Así lo expresó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, quien recordó que a raíz de las diversas reformas al marco legislativo de la Ley General en la materia, así como de las obligaciones y atribuciones que ésta otorga a las autoridades estatales y municipales, entre ellas la participación concurrente en esta materia y la corresponsabilidad de la familia y la sociedad en la misma, es que se advierte la necesidad de realizar algunas modificaciones al marco normativo estatal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

La también presidente de la Junta de Coordinación Política detalló que el sistema jurídico mexicano ubicaba a niños, niñas y adolescentes como sujetos de tutela y no de derecho; al ser vistos de esta forma se les restringía hacer efectivas algunas de las garantías que les otorga la Constitución Mexicana, además de todos los derechos que se desprenden de los tratados de los que México forma parte.

Hernández Íñiguez agregó que en la Ley General se establecen competencias específicas para cada orden de gobierno y concurrentes para los tres ámbitos. En ese sentido, detalló que el ámbito de aplicación de la actual Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, son los gobiernos estatal y municipal, no obstante, existen los organismos constitucionales autónomos que tienen injerencia en esta materia; por tanto, se incluyen los mismos como sujetos de la nueva normativa que se propone en este rubro.

La diputada por el distrito de La Piedad dijo que se obliga a las autoridades establecer las normas y mecanismos indispensables para facilitar la localización y reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre que no sea contrario a su interés superior. Además, se especifica, entre otras, que es un derecho de niñas, niños y adolescentes, disfrutar del más alto nivel posible de salud; así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, esto de conformidad con la legislación aplicable.

Sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, detalló que se establece el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte.

Además informó que para el ejercicio del derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, se propone establecer que es su derecho disfrutar de los derechos a la igualdad sustantiva; a no ser discriminados; a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que el resto de los niños y adolescentes; a ser incluidos en los centros educativos y a participar en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y sociales; y que en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquéllos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible.